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La corte de Estados Unidos en los estados podrán enjuiciar a los inmigrantes que utilicen un número de seguro social falsos. El problema que existía era que si los estados podían juzgar a los inmigrantes o debían dejar esa opción al gobierno federal. Todo lo que compete en general en materia de inmigración y estatus migratorios. Ya que el uso de número de seguro social falsos, ha incrementado en los últimos años para obtener un trabajo fijo en Estados Unidos. La Corte Suprema, le abrió las puertas a las nuevas leyes de inmigración para permitir los juicios en las cortes estatales.

¿De dónde surgen estas nuevas leyes de inmigración?

Este cambio va de parte de la Corte Suprema, por los casos de los inmigrantes, Ramiro García, Donald Morales y Guadalupe Ochoa. Quienes obtuvieron los números de seguro social,  completamente falsos para conseguir un trabajo, y así lograr mantener a sus familias. El condado de Johnson, Kansas Missouri, dijo en la corte que estos casos están a cargo de las leyes federales. Y es aquí donde se basan en estos tres casos reales, pero que representan la realidad de millones de personas dentro de Estados Unidos.

Los abogados que defendieron a los inmigrantes alegaron que lo habían hecho sólo para que sus empleadores pudieran llenar el Formulario I-9. Que es un requisito que exige la USCIS para certificar que el trabajador extranjero tiene permiso para trabajar legalmente en Estados Unidos.

En el dictamen, los jueces conservadores abrieron la puerta para que los estados puedan procesar el uso de documentos falsos del número de seguro social con el fin de conseguir trabajo.  Donde la ley de kansas tipifica “ como delito cometer robo de identidad o participar en fraude para obtener un beneficio.” Los tres inmigrantes que no están autorizados para trabajar en Estados Unidos, fueron condenados bajo estas disposiciones por usar de manera fraudulenta el número de seguro social. La corte de Estados Unidos, da el visto bueno para las cortes estatales para hacer cumplir estas nuevas leyes de inmigración. 

Una victoria para el gobierno federal

La corte de Estados Unidos dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede poner en vigor una nueva regla de carga pública. Que restringe la totalidad de beneficios migratorios, entre ellos la residencia legal permanente. El gobierno de Trump apoyó al gobierno estatal de Kansas en la disputa jurídica ante la Corte Suprema. Por la aplicación de la ley de inmigración de una manera severa bajo la política de tolerancia cero.

Respecto a estos las leyes de Kansas se superponen en cierto grado con las disposiciones penales federales, no significa que el estado deba abstenerse de juzgar el delito. Dejando claro que el gobierno federal habilita a los estados a poder criminalizar a los inmigrantes de manera más fácil, ya que da la facultad para realizarlo.

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    Una batalla judicial ante las nuevas leyes de inmigración

    Al momento en que la Corte Suprema de Kansas falló el año pasado desestimando la condena contra los tres inmigrantes. Que fueron acusados de utilizar el número de seguro social falsos, el estado interpuso su recurso ante la Corte Suprema. Para argumentar que aunque su enjuiciamiento se basó en información disponible en formularios(I-9) federales, los mismos datos fueron presentados al estado. La fiscalía estatal también argumentó que no estaba interfiriendo con el gobierno federal, sino que está haciendo cumplir su propia regulación de robo de identidad.

    El argumento de Kansas fue respaldado por el gobierno de Trump, quien dijo que apoyaba a Kansas. Alegando en esta caso que la ley federal y la estatal en este asunto no estaban en conflicto. A lo que los abogados temen que el fallo no solo permita a los estados enjuiciar casos de número de seguro social falsos para conseguir empleo. Sino que también para defender políticas proinmigrantes o de respaldo a la políticas de tolerancia cero del gobierno de Trump.

    Para el año 2012, la corte falló que una ley de Arizona que penaliza la inmigración ilegal no puede implementarse. Porque la ley federal precede a las medidas estatales en el área de inmigración. Los tres inmigrantes en el caso de Kansa afirman que el fallo de la Corte Suprema de Arizona determina el resultado en su situación.

    Consecuencias de utilizar un número de seguro social falso

    Es ilegal trabajar con un número de Seguro Social falso en todo Estados Unidos. Hay estados en los que sí se entera el jefe, o el gerente puede denunciar al empleado. Y podría ir a juicio criminal por haber usado un número falso. Los empleadores utilizan este número para reportar al servicio de impuestos internos que tiene empleada a una persona en específico. La mayoría de los inmigrantes indocumentados que ocupan un número de seguro social falso no sabe en realidad a quién le pertenece.

    Los abogados entienden la necesidad de los inmigrantes indocumentados de trabajar  para subsistir, pero también quieren hacer entender que es un delito federal. Por lo tanto podría ser enjuiciados.  Pero, qué pasa si en el caso de que aparezca el verdadero dueño del SSN, la administración del seguro social o el IRS. Se acercarán al empleador para informar la irregularidad y corregirla. Y buscarán esclarecer la información.

    La gravedad varía dependiendo del estado, y aplicaran la ley para los inmigrantes indocumentados por el robo de identidad de una persona. Es un delito grave de robo de identidad por tener papeles falsos, lo que eventualmente dará luz verde a una deportación.

    Cuando la SSA recibe un formulario W-2 en el que el nombre y la fecha de nacimiento del usuario no coinciden con el su numero del Seguro. Es trasladado a un archivo de almacenamiento llamado el Earnings Suspense File, donde se espera que la disparidad se aclare, para que el usuario del número quién pagó esos impuestos pueda recibir crédito por su contribución. Aunque no se sabe exactamente cuántas de las entradas en el archivo se pueden atribuir a trabajadores que usan documentos falsos.

    En cada formulario W-2 aparece mucha de la información personal que se necesitaría para perseguir a los quienes cometen fraude con documentos para trabajar, incluyendo las ubicaciones de sus empleos.

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